Aguirre extiende la privatización .... a Carabanchel, también

Día de la firma del ACUERDO entre el Miniesterio del Interior y Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, donde se ceden los terrenos de la cárcel para construir el "privatizado" Hospital de Carabanchel

Aguirre extiende la privatización a los cuatro grandes hospitales públicos. Las empresas remodelarán y gestionarán los servicios no sanitarios del Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre.

Elpais.com
ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 24/09/2008

Parecía que ya sólo los hospitales tradicionales resistían los embates de la ola privatizadora de la sanidad madrileña. Pero ni ellos se salvan de pasar a manos privadas, al menos en parte. La Consejería de Sanidad va a ceder la gestión de los servicios no sanitarios de los cuatro gigantes públicos, el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre, a las empresas que ganen la concesión para ejecutar su reforma integral. Fue el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, el que desveló ayer cómo va a financiar la remodelación de los viejos hospitales: "Hemos elegido el modelo PFI", dijo frente a un auditorio repleto de empresarios del sector sanitario. Por eso no le hizo falta especificar que las siglas responden, en su traducción del inglés, a "iniciativa de financiación privada".

Es el mismo sistema que se ha empleado en la construcción de siete de los ocho nuevos hospitales: la Administración licita un contrato de concesión de obra pública por el cual la empresa concesionaria construye -en el caso de los viejos hospitales, remodela- el edificio, lo equipa y gestiona los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza). A cambio, Sanidad le paga un alquiler por el uso del edificio y de los servicios, a la vez que pone el personal sanitario.

La "reforma integral" convertirá a los cuatro gigantes en lo que Burgueño calificó como "hospitales gestionables". Traducido, significa que tendrán menor capacidad, algo que Sanidad justifica en la pérdida de pacientes que ha supuesto la apertura de los nuevos hospitales. Burgueño lo explicó gráficamente: "Tendrán que sufrir un proceso de jibarización". Se quedarán, precisó, con entre 700 y 800 camas. Ahora, el 12 de Octubre cuenta con 1.200; el Gregorio Marañón, con 1.600; el Ramón y Cajal, con 1.090, y La Paz, con 1.300, según la página web de la Consejería de Sanidad. Los planes funcionales -donde se detallan las reformas que debe acometer un hospital mientras sigue abierto los pacientes- de estos cuatro centros están aún en proceso de elaboración, aseguró Burgueño, que prevé que estén listos en enero."Entonces saldrán los pliegos", informó a la concurrencia, que ayer acudió al hotel Ritz para escuchar de boca del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y de otros altos cargos de su departamento, cómo se desarrollará el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, que prevé la construcción de cuatro hospitales y la reforma de otros siete, entre ellos los que perderán entre un tercio y la mitad de sus camas. "Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", rezaba la convocatoria, que reunió a unos 150 empresarios ávidos de novedades.

El modelo de gestión y explotación de los cuatro hospitales que piensa construir el Gobierno regional esta legislatura (Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Carabanchel era uno de los platos fuertes. Serán de gestión totalmente privada, explicó Elena de Mingo, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios. Es decir, la empresa concesionaria se encargará de todos los servicios, incluida la asistencia sanitaria.

Es el modelo que ya funciona en el hospital de Valdemoro, gestionado por la multinacional sueca Capio. Con una diferencia. Mientras en Valdemoro Sanidad paga a Capio una cantidad fija anual por cada tarjeta sanitaria que atiende el hospital, en los nuevos centros la retribución es doble: por un lado, el pago por número de tarjetas, que "financia la asistencia sanitaria"; por otro, un canon anual, con el que se paga la infraestructura y todo lo no sanitario.

Algunos asistentes torcieron el gesto cuando De Mingo esquivó las preguntas sobre el futuro de la atención primaria. Se sabe que el Gobierno regional quiere reformarla; falta que diga cómo. Ayer, por lo visto, no era el día. Y eso que el programa incluía este punto en la intervención de la directora general: "La atención primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?".

Había interés por saber la respuesta, porque Aguirre ha prometido construir más de 55 centros de salud. Mucho dinero en juego. Y muchos intereses ciudadanos, como el que expresó el concejal de Sanidad de Rivas, Adolfo García (PSOE). El edil vino a decir que una de las preocupaciones de sus convecinos es el futuro de los ambulatorios y que por eso había pagado los 1.200 euros -más IVA- de la inscripción. "No me compete explicarlo. Yo no soy responsable de lo que hayan puesto ahí. Lo siento", le despachó De Mingo. No fue el único que se quedó con ganas de respuestas. Un constructor pidió detalles sobre la doble retribución de los hospitales. "No le puedo explicar más", recibió por respuesta. "Pues yo he venido a que me expliquen", zanjó él, casi a modo de pataleta.

Mientras nos manifestábamos y defeníamos un Hospital 100% ahora nuestros compañeros de Moncloa nos dejan con el culo al aire. El PP privatiza, el PSOE lo autoriza. No solo con la firma de cesión de terrenos, también con la no derogación de la Ley 15/97

La defensa de la escuela concertada reaviva la crítica cruzada en el PSM

Una de cada tres agrupaciones, descontenta con el giro previsto por el comité

El País. J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 29/08/2008

"El lunes comienza la marcha", decía ayer un hombre mayor a su quiosquero mientras compraba el periódico. "La gente vuelve de vacaciones y se pone a currar. Y ya se termina la paz", añadía, mientras acomodaba el diario bajo el brazo. Pero la marcha ya ha comenzado. Y la paz ha durado poco, al menos para los socialistas madrileños, que han comenzado a afilar las uñas ante el congreso regional que se celebrará del 5 al 7 de septiembre.

Unas 80 agrupaciones del Partido Socialista de Madrid (PSM), una de cada tres, han enviado una carta al comité organizador del congreso regional en la que expresan su malestar por el apartado que trata sobre la educación en la ponencia política, que se debatirá en el cónclave socialista. No es el único reproche que recibe el texto que definirá la posición política del partido para los próximos años. En total, se han presentado 4.439 enmiendas, algunas de ellas a la totalidad.

"Supone una renuncia a los principios ideológicos en materia educativa", aseguran en la misiva las 80 agrupaciones que se dirigieron a Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea y una de las coordinadoras del XI Congreso Regional, para expresarle su malestar con la postura sobre educación.

Según las agrupaciones, la ponencia, que define la posición política del partido para los próximos años, destila un viraje ideológico conservador y contiene "algunas afirmaciones inasumibles". Estos grupos de militantes piden que se cree un grupo de debate para estudiar este tema durante el congreso. Y amenazan con presentar una enmienda a la totalidad de la ponencia.

No es la primera vez que se oyen voces contra este punto. Pero en esta ocasión llama la atención que quienes firman la protesta sean dos miembros del órgano de dirección del PSM: Javier Gómez, responsable de Acción Electoral, y Elviro Aranda, de Estudios y Programas. "No atacamos a la enseñanza privada y respetamos la concertada, pero hay que poner en primer lugar la pública", comenta Gómez, que añade: "Han convertido la educación en un elemento estratégico en términos electorales, para conseguir más votos. Pero esto es una postura errónea".

Menéndez no dudó en contestar con dureza a las 80 agrupaciones, porque no le ha hecho mucha gracia la carta contra la postura educativa. "No quiero entrar en un debate epistolar absurdo", contestó la portavoz socialista en la Asamblea. Y les achacó que "muchas veces, durante el pasado curso, algunos os hemos echado de menos a muchos de vosotros". Una áspera reprimenda. Y la portavoz Menéndez recibió otra respuesta. "Nosotros también hemos echado de menos muchas presencias muy importantes de socialistas madrileños en estas acciones [reivindicaciones de la educación pública] y en la estrategia desarrollada", replicaron los dos improvisados portavoces de las 80 agrupaciones contrarias a la ponencia del congreso. "No se están analizando bien las causas de las derrotas electorales en Madrid. Hay que abrir un debate sobre los diferentes postulados ideológicos e integrar todas las sensibilidades", desliza Javier Gómez.

¿Dónde está el PSM?

A vuelta de vacaciones uno se encuentra con lo de siempre... más y más privatización, y más y más desprestigio de lo público.

Mientras lo Concertado (mayoritariamente en manos de la Iglesia) recibe más ayudas económicas por parte de Esperanza, lo público se pudre en barracones.


700 alumnos inician las clases en barracones
Cuatro de los 21 centros públicos nuevos abrirán a mitad de curso

ÁLVARO H. RIVERO - Madrid - 26/08/2008

Faltan tres semanas para que más de un millón de escolares de primaria y secundaria regresen a las aulas. De ellos, 10.000 estrenarán los 26 centros construidos en la Comunidad de Madrid (17 públicos y 9 concertados); otros 700 lo harán en 29 salas prefabricadas, a las que la Consejería de Educación llama "aulas transitorias". Otros cuatro colegios tienen las obras aún por terminar, por lo que sus alumnos iniciarán el curso en otros centros (algunos, en aulas prefabricadas), y sólo en el segundo trimestre del curso estrenarán nuevas instalaciones.

"El número de barracones es el más bajo de los últimos años, pero la consejería ha conseguido reducirlo a costa de elevar las ratios de alumnos por clase por encima de lo que indica la ley", dice José Luis Pazos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos. Pazos recuerda que la Ley Orgánica de Educación establece un máximo de 25 alumnos por clase en primaria y 30 en secundaria al iniciarse el curso. Asegura que las ratios se incumplen, porque hay hasta 30 alumnos en algunas clases de primaria y 35 en secundaria.

Por su parte, la Consejería de Educación afirma que la ratio está en 21,5 y 25,2, respectivamente.

En cuanto a los barracones, la consejería asegura que cuentan con todas las condiciones necesarias. Tienen "aire acondicionado, calefacción, servicios sanitarios y aislamiento acústico y térmico", según un portavoz.

Pero, para Pazos, "los barracones son algo a erradicar". "El alumno se siente escolarizado en un habitáculo. Las condiciones de cada barracón son lo de menos. Los niños se sienten distintos porque no estudian en un lugar como el resto de sus amigos".

Los 17 nuevos centros públicos que entran en funcionamiento en septiembre (12 colegios, 4 institutos y un centro de formación profesional) ofertan 5.865 plazas. La inversión de la Comunidad ha sido de 43 millones de euros. Los nueve colegios concertados que abren sus puertas por primera vez ofrecen 4.521 plazas. En el segundo trimestre se inaugurarán tres nuevos centros públicos, dos en Madrid capital y uno en Leganés. También un instituto público en Torrejón de la Calzada. Entre los cuatro van a crear 2.040 nuevas plazas para acoger a los alumnos repartidos en otros centros.

... y las privatizaciones en la sanidad pública, siguen y siguen, además con mentiras y más mentiras. ¿no entiendo como el PSOE cede los terrenos de la cárcel de Carabanchel, sabiendo lo que allí hara Gallardón y la Espe con la construcción y gestión de un futuro hospital?... en fín!!!


Aguirre cede la gestión de tres hospitales al sector privado
Los nuevos centros se construirán en Móstoles, Collado Villalba y Torrejón

ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 23/08/2008

Se sabía, o más bien se intuía, que los tres nuevos hospitales prometidos por Esperanza Aguirre para esta legislatura serían de gestión privada. Pero la Consejería de Sanidad se resistía a anunciar oficialmente el modelo que iba a aplicar.

Finalmente, ha decidido que sea el mismo que ya funciona en el hospital de Valdemoro: una empresa construirá y explotará los nuevos hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba. Y gestionará tanto los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza) como la asistencia médica.

A cambio, la Comunidad pagará un importe fijo por cada habitante de la zona que tiene asignada el hospital y un canon anual por los servicios no sanitarios, según detallan los anteproyectos de explotación y obra a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El plazo para presentar alegaciones comenzó el pasado 11 de agosto y finaliza el 13 de septiembre.

Una de las novedades con respecto al hospital de Valdemoro es que el anteproyecto del de Torrejón incluye, además, la privatización del centro de especialidades de la localidad. La empresa adjudicataria, señala el documento, deberá reformar el centro, donde "se desarrollarán las actividades de hospital de día y consultas psiquiátricas, se seguirán manteniendo las actividades de radiodiagnóstico y rehabilitación actualmente existentes, además de las consultas de especialidades que determine la entidad gestora".

Es este punto el que mayores críticas ha generado en el sindicato UGT. "Ese centro de especialidades ya está construido y en él trabajan profesionales estatutarios [funcionarios] a los que obligarán a renunciar a esa condición si quieren seguir allí", explica la secretaria de Políticas Sectoriales, Carmen López. El anteproyecto asegura que la empresa "deberá gestionar tanto el personal propio como el perteneciente a la Consejería de Sanidad que voluntariamente decida incorporarse, bajo el marco del nuevo contrato".

El sindicato lleva sus críticas más allá. Asegura que el Gobierno ha tomado la decisión de privatizar los nuevos hospitales en agosto para "rehuir todo debate público". La consejería, afirma, no cuenta ni con las organizaciones sindicales ni con el tejido social. Además, UGT le achaca "incompetencia" en la gestión de la sanidad pública, por lo que exige a la Comunidad que devuelva las transferencias sanitarias al Estado. "Cuando se concedieron, se hizo para hacer más cercana la gestión a la ciudadanía, no para ponerla en manos del sector privado. Si Esperanza Aguirre no es capaz de administrar las competencias, que las devuelva", señala López.

Los tres nuevos hospitales abrirán sus puertas, según el compromiso de la presidenta, antes de que acabe esta legislatura, es decir, en 2011. El anteproyecto detalla que tendrán asignadas casi 415.000 tarjetas sanitarias. Sólo el de Móstoles dará cobertura a 170.000 personas de 18 municipios, que tendrán que cambiar su centro habitual por el nuevo. En total, hay 31 localidades afectadas.

Cuando Aguirre llegó a la presidencia, hace casi cinco años, todos los hospitales de la Consejería de Sanidad eran de gestión pública. Hoy ya hay casi un millón y medio de madrileños que tienen confiada su salud a hospitales privados o con un modelo de gestión mixto público y privado.

[...]El anteproyecto de explotación de los hospitales asegura, en el apartado Rentabilidad, que, en las cooperaciones público- privadas y bajo el modelo planteado en la Comunidad de Madrid, "es necesario que los riesgos inherentes al proyecto estén transferidos adecuadamente al sector privado". Y añade que "la iniciativa privada debe obtener una rentabilidad adecuada y acorde al mercado, que compense la inversión realizada, el coste de financiación de la inversión y los riesgos asumidos por el contenido de la oferta". El documento deja libertad a la empresa adjudicataria para que explote "las zonas complementarias y espacios comerciales autorizados".